Principio pro actione
Significado y definición
- La expresión pro actione (latín) significa literalmente “a favor de la acción”. A veces se le añade in dubio (“en caso de duda”), lo que da la fórmula in dubio pro actione.
- Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, es un principio constitucional y procesal vinculado al derecho a la tutela judicial efectiva, que obliga a los órganos judiciales a evitar interpretaciones de las exigencias procesales que bloqueen injustificadamente el acceso a la Justicia.
- En otras palabras, cuando hay normas procesales (por ejemplo, sobre plazos, legitimación, forma de presentación) que podrían impedir que una demanda sea tramitada, este principio exige interpretarlas de modo que se garantice la acción (el derecho a presentar la demanda) si no hay una razón clara y proporcional para excluirla.
2. Historia y origen doctrinal
- El principio pro actione se ha consolidado jurisprudencialmente, especialmente a través del Tribunal Constitucional español.
- En la doctrina, se considera un canon hermenéutico: es decir, una guía de interpretación normativa. No modifica las leyes, sino que orienta a los jueces para que interpreten los requisitos procesales de forma flexible y no excesivamente formalista.
- Su fundamento último es el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, es decir, garantizar que las personas puedan acceder a los tribunales para que se resuelvan sus pretensiones.
- Además, ha sido utilizado también en otros ámbitos del Derecho, como el contable (Tribunal de Cuentas), lo que muestra su amplitud de aplicación. Por ejemplo, en un auto de 7 de mayo de 2001 la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas lo invocó junto con los principios de razonabilidad y subsanabilidad.
- No obstante, también tiene críticos: algunos autores han planteado aporías (problemas) en su aplicación, especialmente en relación con la seguridad jurídica y la proporcionalidad.
3. Fundamento legal y autoridad aplicable
- Aunque el principio pro actione no está expresamente regulado como un artículo en una ley procesal (no es “ley positiva” con esa fórmula en un estatuto concreto), su fuerza proviene del constitucionalismo: se usa como criterio de interpretación constitucional para traducir el derecho fundamental al acceso a la justicia.
- Jurisprudencia relevante:
- STC 1391/2010 (Tribunal Constitucional) usa este principio para evaluar interpretaciones de plazos procesales que impiden el acceso a recursos.
- STC 76/2012, FJ 3: se afirma que el rigorismo excesivo o formalista en el cómputo de plazos puede vulnerar el derecho de acceso a la jurisdicción, activándose el principio pro actione.
- Otras sentencias del TC mencionan la proporcionalidad como parte del ejercicio del principio pro actione: no basta evitar el error patente, sino evitar desproporciones que impidan el acceso en función de los intereses en juego.
- En el ámbito laboral también se reconoce: los tribunales laborales deben interpretar requisitos procesales con flexibilidad para no obstaculizar el acceso al proceso, valorando la entidad del defecto formal, la finalidad de la norma, y el esfuerzo de la parte para cumplirla.
4. Relación con el petitum y la interpretación de las demandas
Aunque el principio pro actione no se refiere directamente al “petitum” (la pretensión concreta de la demanda), sí tiene implicaciones importantes para la interpretación de lo que se pide:
- El petitum es la parte de la demanda en la que se formula lo que el actor pide al tribunal (por ejemplo, una cantidad de dinero, una declaración de derecho, una acción concreta).
- El pro actione exige que no se interpreten de forma tan rígida las reglas que permiten presentar la demanda (por ejemplo, sobre legitimación, forma de petición, plazos) de modo que se impida conocer la pretensión (el petitum) de los litigantes.
- En otras palabras: cuando hay ambigüedad normativa sobre cómo debe formularse o admitirse el petitum, los tribunales deben interpretarla en la forma más favorable para permitir que la acción (la demanda) continúe, siempre que no se desvirtúe la esencia del petitum o se viole el principio de congruencia (por ejemplo, no pedir algo completamente distinto).
5. Ejemplos y casos concretos
- Acceso a recursos con plazos dudosos
- Imaginemos que alguien interpone un recurso (por ejemplo, de amparo o administrativo) justo en el límite de plazo, pero hay ambigüedad en cómo debe contarse ese plazo (cuándo empieza a correr). Si un tribunal interpreta literalmente y descarta el recurso, podría estar violando el derecho de esa persona a que su pretensión sea juzgada. El principio pro actione obliga a considerar una interpretación que no cierre de golpe esa vía.
- Esto se ve reflejado en las sentencias del Tribunal Constitucional (como la STC 1391/2010) en las que se rechaza un cálculo extremadamente estricto de plazos si obstaculiza el acceso a la Justicia.
- Defectos formales en demandas
- Si la demanda se presenta con un defecto en la forma (por ejemplo, falta de algunos datos), pero ese defecto no impide claramente entender cuál es la pretensión, el tribunal puede permitir su subsanación o interpretar más favorablemente para mantener la acción.
- En la jurisdicción contable, el Auto de 7 de mayo de 2001 del Tribunal de Cuentas aplicó el principio pro actione para evitar que un rigorismo formal cerrara la puerta a un litigio contable importante.
- Interpretación de mecanismos de impugnación
- Según la Fundación Construir, en mecanismos de impugnación (recursos) la aplicación del principio pro actione permite que los tribunales pasen por alto errores formales (por ejemplo, citaciones de normas equivocadas) si no hay una razón clara para rechazar el recurso y el acceso a la impugnación sería injustamente negado.
- De esa manera, se prioriza la justicia material sobre formalismos excesivos.
6. Límites y críticas
- No significa que los jueces puedan “rellenar” la demanda ni inventar una pretensión: no se trata de sustituir el petitum, sino de interpretar las normas procesales que permiten llegar al fondo. La demanda debe tener sentido jurídico y no ser completamente incoherente.
- Hay un debate doctrinal importante sobre la proporcionalidad: aplicar pro actione de forma muy amplia puede generar inseguridad jurídica, porque podría eliminar muchos requisitos procesales esenciales.
- Además, algunos críticos señalan que, si se interpreta siempre “a favor de la acción”, se desincentiva el cumplimiento de los requisitos formales que, en muchos casos, sirven para proteger otras garantías (como la defensa de la parte contraria, la claridad procesal, evitar demandas frívolas).
7. Importancia en la práctica jurídica
- Para abogados: saber invocar el pro actione puede ser clave para salvar inadmisiones de demandas o recursos por defectos formales, presentando argumentos de interpretación flexible.
- Para jueces y magistrados: es un criterio que les obliga a ponderar no solo el texto legal, sino su ratio legis (la finalidad) y los efectos que tiene una interpretación estricta sobre el acceso a la Justicia.
- Para estudiantes de Derecho: es un principio “puente” entre derecho constitucional y procesal: muestra cómo un derecho fundamental (tutela judicial efectiva) se traduce en reglas que operan en la tramitación de la demanda (petitum) y en la admisión de procedimientos.
