Investigación judicial destapa graves irregularidades en centros de acogida de menores en Canarias
25 de julio de 2025. Un juzgado especializado en Violencia contra la Infancia ha abierto una investigación penal que ha sacudido el sistema de acogida de menores migrantes en Canarias, afectando directamente a la ONG Quórum Social 77 y vinculándose con un alto dirigente del PSOE local.
¿Qué ha ocurrido?
- La ONG Quórum Social 77, principal entidad adjudicataria del Gobierno de Canarias para gestionar centros que acogen aproximadamente a 2.000 menores migrantes, ha sido objeto de una operación policial esta semana. Se han cerrado dos centros, entre ellos el de Arinaga (con 148 menores), y se ha procedido a la detención de la presidenta, Delia García, y del director de centros, Enrique Quintana Ramos, afiliado al PSOE local.
- Ambos cargos han quedado en libertad con cargos por presuntos delitos de lesiones, amenazas, odio y omisión del deber de evitar daños a menores. Hay denuncias que relatan castigos severos como aislamiento en una “habitación del pánico” y agresiones físicas a los jóvenes.
- Ya en mayo se clausuró el centro Fortaleza I tras arrestar a nueve trabajadores por hechos similares. Las actuaciones se enmarcan dentro de una investigación iniciada en mayo por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas, el primero en España de estas características.
- El sistema autonómico atiende actualmente a más de 5.500 menores, pero la capacidad está saturada desde 2020: adjudicaciones exprés sin control, hacinamiento, personal insuficiente y deficiencias estructurales han posibilitado estos abusos.
Implicaciones políticas en clave PSOE
- La detención del director de centros, Enrique Quintana, militante activo del PSOE local en Gáldar, añade un matiz político al proceso. Aunque aún no se investigan al PSOE como partido, la relación genera presión sobre el partido, que deberá responder si hay responsabilidades institucionales detrás de la concesión reiterada de contratos millonarios (más de 22 millones de euros desde 2019) a esta ONG..
- En el escenario político —como reflejan otras investigaciones recientes— no se trata solo de gestión deficiente, sino de riesgos de corrupción en la adjudicación de contratos públicos ligados a estructuras clientelares. Este caso se inscribe en la litigiosa ola de investigación al PSOE por vínculos con tramas de financiación ilegal y adjudicaciones irregulares, como se ha documentado en el caso de Santos Cerdán.
Qué está pasando ahora
- El juzgado mantiene secreto judicial sobre las actuaciones, aunque ya han sido clausurados centros y se han registrado sedes y domicilios vinculados a la ONG.
- El Gobierno canario afronta una grave crisis: debe gestionar la reubicación de los menores afectados, acelerar la reubicación a otras comunidades y revisar el modelo de adjudicación y supervisión de estos centros.
Análisis legal y perspectiva de futuro
La apertura de esta investigación en un juzgado especializado significa un cambio de paradigma: se busca responsabilidad penal directa frente a una realidad de impunidad estructural. La clave estará en:
- Cómo cataloga el juez la responsabilidad de los cargos y la ONG: ¿solo negligencia o también delito continuado?
- Si se investiga la posible connivencia política en la adjudicación de contratos, igual que en otros casos recientes contra dirigentes socialistas.
- El impacto para la defensa del interés superior del menor, principio fundacional del ordenamiento jurídico y del sistema de protección.
Este escándalo deja claro que el modelo actual de adjudicación exprés sin control efectivo no es sostenible: se avecinan reformas legales y modificaciones del régimen de supervisión si no se quiere repetir esta situación en otras comunidades.
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