La Audiencia de Badajoz envía a juicio al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación y tráfico de influencias
La Audiencia Provincial de Badajoz ha confirmado el procesamiento de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, junto con otras diez personas, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, vinculados a su contratación en la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios.
La defensa había presentado recursos para el sobreseimiento, pero el tribunal los ha rechazado al estimar que los indicios reunidos superan el umbral necesario para llevar el caso a juicio.
El expediente —con instrucción a cargo de la magistrada Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz— se remite ahora al juicio oral, con fuertes implicaciones políticas y jurídicas.
1. Antecedentes del caso
1.1 Origen de la investigación
- La causa fue iniciada en 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias, que apuntaba irregularidades en la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades de los conservatorios en 2017.
- La jueza instructora Beatriz Biedma ordenó diligencias, registros y la obtención de correos electrónicos vinculados al área de Cultura, Recursos Humanos y otros departamentos de la Diputación provinciales.
- En su auto de procesamiento (unos 71 folios), la jueza considera que han aparecido indicios de que la plaza pública fue “creada a medida”, que se adaptó luego a las preferencias del investigado, y que la designación no siguió un proceso transparente ni competitivo.
1.2 Recursos y resolución de la Audiencia
- David Sánchez y otros acusados habían recurrido el auto de procesamiento solicitando el sobreseimiento o archivo. La Fiscalía también se oponía al procesamiento por estimar que las pruebas eran insuficientes.
- La Audiencia Provincial de Badajoz rechazó esos recursos y confirmó el procesamiento, concluyendo que sí existen indicios racionales y suficientes de criminalidad que justifican continuar con el procedimiento.
- Para el caso del otro imputado destacado, Miguel Ángel Gallardo, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declaró que su aforamiento exprés no era legítimo, devolviendo el caso al juzgado de Badajoz.
2. Fundamentos jurídicos: delitos imputados y teoría del caso
Para entender el alcance del procesamiento, conviene desglosar los elementos esenciales de los delitos imputados.
2.1 Delito de prevaricación administrativa (art. 404 CP)
2.1.1 Norma aplicable
El artículo 404 del Código Penal tipifica la prevaricación administrativa como:
“La autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo o de su competencia será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.”
Si concurren circunstancias agravantes (especialmente si el resultado produce un daño patrimonial grave o se favorece a un tercero), las penas pueden elevarse.
2.1.2 Elementos del tipo
- Sujeto activo: autoridad o funcionario público o quien ejerza funciones análogas en el ámbito público.
- Sujeto pasivo: la administración pública o terceros que resulten afectados.
- Objeto jurídico protegido: la legalidad administrativa, la imparcialidad de la actuación pública, la confianza en el correcto ejercicio de los poderes públicos.
- Conducta típica: dictar resolución o actuación injusta (arbitraria) con conocimiento de su injusticia.
- Elemento subjetivo: dolo: conciencia de actuar en conflicto con el deber legal.
En este caso, la acusación sostiene que funcionarios de la Diputación (y quien promovió la creación del puesto) dictaron resoluciones arbitrarias al crear y adaptar la plaza con fin de favorecer a David Sánchez.
2.2 Delito de tráfico de influencias (art. 429 CP)
2.2.1 Norma aplicable
El artículo 429 del Código Penal describe:
“El que, sin tener cargo de autoridad o funcionario público, solicitare, fomentare, propiciase o aprovechare influencias reales o supuestas y abuso de relaciones, para lograr, para sí o para otro, que autoridad, funcionario o institución pública tomaran una decisión lesiva de los derechos de tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.”
También existe variante agravada si el influido es funcionario o autoridad, o si el resultado causa daño patrimonial elevado.
2.2.2 Elementos del tipo
- Sujeto activo: persona que no es autoridad ni funcionario público (o incluso funcionario que influye irregularmente)
- Sujeto pasivo: la administración pública y el interés público.
- Objeto jurídico protegido: imparcialidad en la actuación administrativa, igualdad de acceso, integridad institucional.
- Conducta típica: uso de relaciones o influencias para condicionar una decisión administrativa irregular que perjudique derechos de terceros.
- Elemento subjetivo: dolo (conocimiento de la ilegalidad)
En el caso procesado, la acusación supone que David Sánchez (o sus allegados) se valieron de su relación con dirigentes del PSOE para que se diseñase y adjudicase una plaza favorable. La manipulación de pliegos, bases, procesos de selección o adaptación ulterior del puesto constituyen manifestaciones posibles del tráfico de influencias.
2.3 Posible concurso de delitos y continuidad delictiva
La acusación busca que los hechos sean calificados como delitos continuados, dado que existirían varias actuaciones relacionadas (creación del puesto, adaptación, nombramiento, contratación de personas vinculadas). También puede considerarse la concurrencia funcional entre prevaricación y tráfico de influencias, dado que una decisión administrativa arbitraria puede vincularse con el uso de relaciones para que esa decisión se adopte.
3. Bien jurídico protegido, vínculo y objeto del proceso
Para que la acción penal prospere, debe demostrarse claramente lo que está protegido y lo que se persigue:
3.1 Bien jurídico protegido
- En prevaricación: la integridad del procedimiento administrativo, la legalidad formal, la imparcialidad de los actos del poder público.
- En tráfico de influencias: la protección contra el favoritismo, el acceso igualitario a cargos públicos y la confianza institucional en que las decisiones no están condicionadas por relaciones privadas.
La acción judicial busca defender el principio de que los cargos públicos no deben ser tratados como privilegios personales, sino con sujetación estricta a la ley y transparencia.
3.2 Objeto material del proceso
- La creación de una plaza pública (“coordinador de actividades de los conservatorios”) con diseño presuntamente a medida.
- La adaptación de las condiciones del puesto tras su creación para que beneficien al imputado (flexibilidad de horario, ubicación física, funciones ajustadas a sus preferencias).
- La contratación de personas cercanas o colaboradoras vinculadas (por ejemplo, empleados que pasaron a auxiliarle directamente).
- Los correos electrónicos intervenidos y los documentos internos de la Diputación que muestran la conexión entre decisiones políticas y administrativas.
3.3 Vínculo causal, temporal y funcional
- Temporal: los hechos imputados giran alrededor de 2016 a 2017, año en el que Pedro Sánchez retomó la secretaría general del PSOE, lo que (según la acusación) coincide con relanzamientos del expediente en la Diputación.
- Causal: la acusación sostiene que la relación política y de parentesco fue causa condicionante de las decisiones administrativas.
- Funcional: las funciones administrativas de creación de plazas, competencia del área de Recursos Humanos y Cultura, permiten que los cargos implicados ejercieran influencia directa en la configuración del puesto.
4. Jurisprudencia y casos precedentes
Para contextualizar el caso, es útil revisar precedentes relevantes en la jurisprudencia española:
4.1 Casos famosos de familiares de políticos
- Caso Guerra (hermano del vicepresidente Alfonso Guerra): Juan Guerra fue acusado de prevaricación, corrupción y otros delitos cuando trabajaba para dependencias del Estado bajo la órbita de su hermano. Finalmente fue absuelto en la mayoría de las causas.
- Este antecedente discursivo refuerza la sensibilidad social e institucional cuando un familiar de alto cargo es procesado por supuesto uso del poder político para beneficio personal.
4.2 Jurisprudencia sobre prevaricación y tráfico de influencias
- Sentencia del Tribunal Supremo STS 63/2012 (prevaricación): El TS ha dicho que la prevaricación exige “resolución injusta a sabiendas” y no basta la incompetencia o error de derecho.
- STS 422/2007 (tráfico de influencias): Requisitos de que la influencia pretendida no sea meramente formal o decorativa, sino real y prohibida, y que la decisión administrativa se vea condicionada.
- Escuela de jurisprudencia en casos de corrupción autonómica y municipal: el Supremo ha confirmado condenas por prevaricación y tráfico de influencias en casos de diseño irregular de contratos, trasvases de competencias o nombramientos irregulares.
Estos antecedentes indican que el umbral probatorio exigido es alto, especialmente para que un tribunal de apelación mantenga lo procesado.
5. Posibles líneas de defensa y riesgos procesales
La defensa de David Sánchez y de los demás procesados tendrá múltiples opciones:
5.1 Impugnar la motivación del auto de procesamiento
Argumentar que los indicios ofrecidos no alcanzan el nivel mínimo exigido para pasar a juicio, que son meras conjeturas o hipótesis sin sustento fáctico.
5.2 Atacar la cadena probatoria
Cuestionar la legalidad de la obtención de correos electrónicos, registros, cadenas de custodia o nulidades por defectos formales. Si se logra anular pruebas clave, puede debilitarse toda la acusación.
5.3 Negar la existencia de dolo
Sostener que las decisiones administrativas respondían a criterios técnicos, competencias o necesidades legítimas, no al favor personal. Aducir que el nombramiento se basó en méritos o capacidades, no en relaciones familiares.
5.4 Cuestionar la competencia o aforamientos
Argumentar que Gallardo actuó con aforamiento válido o que el tribunal competente no es la Audiencia de Badajoz (aunque ya el TSJEx rechazó su aforamiento exprés).
5.5 Acusar instrumentalización política
Reivindicar que el caso responde más a un interés político o mediático que a una persecución penal genuina.
5.6 Recursos y nulidades procesales
Recurso de reforma/apelación, solicitud de sobreseimiento parcial, petición de nulidades parciales, demanda de plenas garantías de contradicción.
6. Implicaciones políticas, institucionales y simbólicas
6.1 El peso simbólico de un juicio contra un familiar del presidente
Que el hermano del jefe del Ejecutivo sea procesado por presunta corrupción no es un caso común. Representa un choque institucional entre poder político y justicia, y pone bajo escrutinio la percepción de imparcialidad del sistema judicial.
6.2 Riesgo reputacional para el Gobierno
Aunque Pedro Sánchez no sea investigado directamente en este caso (hasta ahora), la cercanía familiar amplifica la conexión política, que los adversarios usarán con eficacia discursiva.
6.3 Prueba del Estado de Derecho
La manera en que se desarrolle el proceso pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para operar con independencia frente al poder. Un fallo justo reforzará la legitimidad institucional; cualquier filtración, indicio de parcialidad o irregularidad, debilitará la confianza ciudadana.
6.4 Consecuencia para la política de transparencia
Este caso puede generar demandas políticas para reforzar las normas de conflicto de interés, nepotismo, control de plazas a medida, mayor control en nombramientos públicos y un debate renovado sobre límites institucionales.
7. Cronograma estimado del desarrollo procesal
| Fase | Qué ocurrirá / plazos estimados |
|---|---|
| Instrucción | Se completarán diligencias complementarias, declaraciones, informes periciales, alegaciones de nulidad |
| Auto de apertura del juicio oral | Si se considera que hay fundamento suficiente |
| Fase de acusación | Presentación de escritos de acusación por Fiscalía, acusaciones particulares y defensas |
| Juicio oral | Pruebas, testificales, periciales, alegatos |
| Sentencia | El tribunal decidirá, con posibilidad de recurso de apelación |
| Recursos finales | Audiencia provincial, eventualmente Tribunal Supremo |
8. Conclusión crítica y preguntas para reflexión
Este caso va más allá del simple procesamiento de alguien cercano al poder. Es un cruce entre derecho penal administrativo y política institucional, con muchos elementos simbólicos en juego.
Algunas preguntas finales:
- ¿Dónde está la línea entre una decisión discrecional legítima y la actuación arbitraria tipificada como prevaricación?
- ¿Hasta qué punto la relación familiar puede convertirse en indicio relevante penalmente?
- ¿Es apropiado un tribunal ordinario juzgando hechos tan ligados al poder político?
- ¿Cómo garantizar imparcialidad cuando la prensa y el discurso público ya condicionan la narrativa?
- ¿Qué reformas normativas serían necesarias para evitar casos similares?
El proceso contra el hermano de Pedro Sánchez no puede analizarse de manera aislada: se suma a un conjunto de controversias judiciales y políticas que han marcado la legislatura del actual presidente del Gobierno. Desde las investigaciones abiertas a su esposa, Begoña Gómez, por presunta malversación y tráfico de influencias, hasta la imputación de cargos relevantes en gobiernos autonómicos y municipales ligados al PSOE, la sombra de la judicialización del entorno presidencial ha estado presente en gran parte del debate público.
La legislatura de Sánchez se ha caracterizado, en lo político, por la búsqueda de pactos complejos y por una gestión marcada por reformas polémicas (como la del Código Penal en materia de sedición, malversación o la Ley de Libertad Sexual). En lo jurídico, ha tenido que convivir con una constante exposición mediática de procesos penales que, aunque no siempre terminan en condena, erosionan la confianza ciudadana y ponen en cuestión la percepción de imparcialidad institucional.
En definitiva, los casos que afectan a familiares y personas de su círculo próximo ilustran la delicada frontera entre la política y el Derecho penal, donde la justicia se convierte en terreno de disputa simbólica y estratégica. Más allá del resultado concreto de cada proceso, lo cierto es que la presidencia de Pedro Sánchez pasará a la historia como una de las más condicionadas por el escrutinio judicial de su entorno, un factor que inevitablemente marcará la valoración final de su mandato.
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