Gran cambio de la oposiciones tradicionales: el nuevo sistema de acceso para altos funcionarios
29 de julio de 2025 – El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha desvelado una propuesta de reforma radical del acceso a los cuerpos superiores de la Administración General del Estado (grupos A1 y A2), que incluye puestos como abogados del Estado, inspectores de Hacienda, diplomáticos, jueces, fiscales, ingenieros superiores y otros roles de alta especialización. El nuevo modelo sustituirá las oposiciones clásicas por un máster de posgrado obligatorio de dos años precedido y seguido por pruebas eliminatorias, según informan varios medios nacionales.
¿Qué propone exactamente?
La estructura del nuevo sistema se articula en varias fases:
- Prueba de acceso previa: todos los aspirantes deberán superar un examen inicial para preselección académica.
- Formación reglada de posgrado:
- 120 ECTS para A1
- 90 ECTS para A2
Esta formación se impartirá en escuelas o institutos públicos seleccionados por el Ministerio.
- Examen final eliminatorio: sólo los candidatos con el mejor rendimiento académico en el posgrado accederán a la plaza oficial como funcionario de carrera.
En caso de no lograr plaza, los candidatos recibirán un título oficial de posgrado, lo cual esa sí es una de sus ventajas relativas.
Para otros grupos (B, C1 y C2), la reforma prevé programas de formación graduada (60, 30 y 10 ECTS respectivamente) que se cumplirían ya dentro del puesto de trabajo, no antes de acceder a él.
Base normativa y contexto constitucional
La reforma se alinea con los mandatos constitucionales recogidos en el artículo 103.1 CE, que exige que la función pública se rija por los principios de igualdad, mérito y capacidad. Además, se encaja dentro de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que regula los principios básicos de la función pública, y del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015) en sus artículos relativos al acceso al empleo público (artículos 10 y 11).
Se trata de una reforma estructural, cuyas bases informativas están recogidas en el documento «Consenso por una Administración Abierta», presentado el 21 de julio de 2025, con más de 400 aportaciones participativas.
Críticas desde el funcionariado de élite
Las asociaciones de funcionarios de categoría A1/A2, especialmente Fedeca y la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), han expresado su rechazo frontal a esta propuesta. Argumentan que:
- Rompe la igualdad de oportunidades: al requerir costes previos semejantes a los de una oposición, más dos años de tiempo y dedicación, penalizando especialmente a quienes no tengan recursos económicos.
- Aumenta los costos, tanto para el Estado como para los aspirantes, sin una mejora cualitativa evidente del proceso.
- Genera riesgos de opacidad y discrecionalidad en el proceso de selección: especialmente durante la formación y evaluación interna del máster.
Fedeca ha destacado que el sistema actual—con sus tribunales públicos, criterios objetivos y segunda oportunidad anual—ofrece más transparencia y justicia que el modelo propuesto. Por su parte, la IHE ha denunciado la inclusión de criterios de “idoneidad” que podrían reforzar redes de poder y disminuir la meritocracia institucional.
El Gobierno ha respondido invitando a los colectivos a aportar propuestas de mejora y ha defendido el modelo como un avance hacia estándares europeizados de excelencia, inclusión y digitalización.
Comparativa: antes vs. después
| Elemento | Sistema actual (oposiciones clásicas) | Propuesta de reforma con máster |
|---|---|---|
| Acceso a plazas A1/A2 | Oposición anual con pruebas objetivas | Prueba selectiva + máster + examen final |
| Duración del proceso | Meses (convocatoria anual) | Más de 2 años |
| Coste para aspirantes | Principalmente tiempo y preparación | Costes de máster (aunque con becas posibles) |
| Evaluación | Tribunales independientes y anonimizados | Evaluación académica + examen eliminatorio |
| Igualdad de oportunidades | Acceso anual sin discriminación económica | Riesgo de brecha según recursos |
| Transparencia | Bases públicas y tribunales regulados | Posibles ámbitos opacos periodo máster |
| Diversidad geográfica | Amplia participación territorial | Riesgo de concentración en las escuelas |
Reflexión jurídica y visión de futuro
Esta reforma representa un punto de inflexión: el sistema clásico de oposición, consagrado por siglos de cultura considerada por algunos meritocrática, puede dar paso a un modelo híbrido de formación previa y evaluación académica. El reto es grande: respetar el principio constitucional de igualdad (art. 14 CE), el derecho fundamental al acceso a funciones públicas (art. 103.1 CE) y los mandatos legales contenidos en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, arts. 10 y 11), mientras se moderniza la Administración.
Para preservar la legitimidad de esta reforma será clave garantizar transparencia, control institucional (por ejemplo mediante la Comisión Superior de Personal regulada en la Ley 30/1984 y el Real Decreto 349/2001) y mecanismos de compensación realistas para quienes no puedan permitirse el curso completo del máster, conforme al compromiso de igualdad anunciado por el Estado.
En resumen, la reforma busca convertir el proceso de selección en un sistema más profesionalizado, técnico y alineado con las exigencias contemporáneas. Pero, como advierten los colectivos representativos del funcionariado superior, sin una sólida garantía de equidad y transparencia, se corre el riesgo de sustituir un modelo equitativo por uno tecnocrático y elitista.
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✨ Legislación aplicable:
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.
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