Reforma judicial y huelga en la carrera judicial: ¿una amenaza a la independencia del poder judicial?
1 Julio 2025 Publicado por Marta Arechavaleta — Abogada y analista jurídica
Durante los días 1, 2 y 3 de julio de 2025, jueces y fiscales de toda España están secundando una huelga histórica. Esta movilización no es una cuestión meramente gremial: en el fondo, lo que está en juego es la arquitectura constitucional de la Justicia en nuestro país.
La protesta, convocada por cinco asociaciones judiciales y fiscales (APM, AJFV, FJI, AF y APIF), responde a la reciente aprobación por vía urgente de dos reformas clave: una sobre el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal y otra sobre el Estatuto del Ministerio Fiscal. Ambas, según denuncian los profesionales, podrían afectar gravemente a la independencia judicial, reconocida como piedra angular del Estado de Derecho (art. 117 CE).
Reforma del acceso a la judicatura: ¿más democrático o menos garantista?
Uno de los núcleos de la polémica es la reforma del sistema de selección de jueces y fiscales. Se introduce un modelo mixto en el que se reduce el peso de los exámenes orales, se incorpora una fase de pruebas prácticas anónimas y se potencia el “cuarto turno” de acceso desde la práctica profesional.
Este modelo ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros mediante un anteproyecto de ley que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, concretamente en lo relativo a los artículos 301 y ss. La intención declarada del legislador es “democratizar” el acceso y dotarlo de mayor diversidad. Sin embargo, las asociaciones denuncian que este nuevo modelo abre la puerta a criterios subjetivos y reduce la transparencia y la objetividad del proceso.
Fiscalía instructora: un cambio de paradigma procesal
La segunda gran reforma afecta al Estatuto del Ministerio Fiscal. En ella se contempla transferir la instrucción penal —tradicionalmente en manos de jueces— a los fiscales, siguiendo un modelo acusatorio reforzado. Este cambio estructural, aunque tiene precedentes comparables en otros sistemas jurídicos europeos, supondría en España una modificación sustancial del equilibrio de poderes en la fase preprocesal.
Recordemos que actualmente, conforme al art. 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), la instrucción está a cargo del juez. Aunque se ha debatido durante años la posibilidad de adoptar un modelo con fiscales instructores, los profesionales advierten que el cambio no está acompañado de suficientes garantías normativas ni mecanismos de control externo, lo que puede generar un mayor riesgo de politización en la fase más delicada del proceso penal.
El CGPJ y el derecho a huelga: una controversia sin resolver
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recordado que, según su criterio, los jueces y magistrados no tienen reconocido el derecho a huelga, amparándose en el principio de neutralidad e imparcialidad de la función judicial. Sin embargo, esta interpretación no se encuentra expresamente regulada en ninguna norma con rango de ley, por lo que sigue siendo un debate abierto. Las asociaciones consideran que el derecho de huelga, recogido en el art. 28.2 CE, también alcanza a la carrera judicial en determinadas circunstancias, sobre todo cuando se trata de defender su independencia institucional.
Conclusión
Lo que está ocurriendo no es solo una respuesta puntual, sino la expresión de un conflicto estructural entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, agudizado por reformas percibidas como precipitadas y poco dialogadas. Como juristas, tenemos la responsabilidad de analizar estos procesos no solo desde la técnica legal, sino también desde su impacto en el diseño institucional del Estado.
Reformar la Justicia es necesario, sí. Pero hacerlo sin consenso, sin diálogo técnico profundo y sin previsión de garantías, puede provocar más daño que beneficio. Lo esencial no es solo qué se reforma, sino cómo y con qué propósito. La independencia judicial no es una prerrogativa corporativa: es una garantía para la ciudadanía.
🖋️ Marta Arechavaleta
Abogada y asesora jurídica
